Ayer SEO/BirdLife ha presentado los resultados del proyecto Life + VENENO. Han sido cuatro años en los que hemos trabajado mucho para reducir el uso del veneno. No me voy a extender en los logros ya que puedes consultarlos en la nota de prensa y en sobre todo en el informe de resumen. Yo hoy quiero decir que pese al éxito del proyecto no hay que caer en triunfalismos y que es necesario trabajar más que nunca.
Me preocupa que haya todavía 10 comunidades autónomas (Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, País Vasco, Madrid, Murcia y Navarra) que no hayan aprobado su plan de lucha contra el veneno pese a haberse comprometido con SEO/BirdLife y con la Comisión Europea. Bien es cierto que algunas de ellas están cerca de aprobarlo, pongo por ejemplo Galicia.
Tampoco es halagüeño que muchos gobiernos de las Comunidades Autónomas no sean más duros con el veneno y en muchos casos se dejen caducar los expedientes sancionadores o no se lleguen ni a abrir. El veneno es una gran amenaza y las administraciones deben exigir que se lleven medidas recuperadoras en las fincas en las que se haya utilizado veneno.
En muchas comunidades autónomas se dificulta el trabajo de los agentes de medio ambiente, o simplemente carecen de medios básicos para poder hacer investigaciones en temas de veneno. Incluso ahora se está barajando la posibilidad de prohibir a través de la Ley de Montes que los agentes puedan denunciar directamente a fiscalía hechos presuntamente delictivos (mira este blog en el que trato el tema). Además, muchas comunidades autónomas prácticamente no tienen presupuesto para encargar los análisis toxicológicos necesarios para confirmar un envenenamiento.
Todavía es muy habitual que los casos de veneno se archiven en los juzgados si no se persona una ONG como acusación popular. El final del programa LIFE + VENENO, con el que SEO/BirdLife se ha personado en 24 casos, y la ley de tasas de Gallardón hace que cada vez sea más complicado personarse. Además, en muchos casos, simplemente es muy complicado enterarse que el caso está en un juzgado para poder personarse.
Además, las campañas públicas contra los lobos en el norte y contra los meloncillos en Andalucía y Extremadura no ayudan a rebajar la presión de los delincuentes que utilizan el veneno para deshacerse de los depredadores.
Y a todo ello, hay que añadir las campañas de reparto público de veneno por parte de la Junta de Castilla y León a los agricultores para combatir ineficazmente contra las poblaciones de topillos campesinos.
Vamos, que no tenemos razones para dormirnos tranquilamente en los laureles. Hoy más que nunca debemos mantener un frente común para luchar contra el veneno. Seguro que cuantas más organizaciones nos empeñemos en acabar con el uso ilegal del veneno más cerca estaremos de cumplir nuestro objetivo.
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