Foto: Agentes Regíon de Murcia @AGENTESRM
El gobierno, en su reforma de la Ley de Montes, quiere impedir a los agentes de medio ambiente que puedan denunciar directamente ante fiscalía o ante el juzgado aquellos hechos que sospechen que puedan ser un delito (mira esta noticia). La razón que esgrimen es evitar el colapso de la fiscalía y de los juzgados. Para ello, consideran que los agentes deben poner en conocimiento de los hechos a un funcionario de la administración, que con mucha mejor formación que ellos, decidirá si debe o no ser enviado a la fiscalía o al juzgado.
Sin embargo, la fiscalía ya ha dicho por activa y por pasiva, que si alguien teme por un posible colapso lo que se impone es dotarles de más medios, pero que en ningún caso se puede dejar de poner a su disposición posibles delitos. La fiscalía ya ha aclarado que sólo un fiscal o un juez pueden decidir si unos hechos pueden ser constitutivos de un delito y que esa función no puede ser encargada a ningún funcionario intermedio.
La Memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo del año 2010 indicaba “siguen produciéndose, en lo que se refiere a la relación con los Agentes Forestales o Medioambientales, situaciones complicadas, especialmente como consecuencia de la actitud de algunos sectores de la Administración competentes en la materia que parecen querer sustituir al Juez de Instrucción o al Fiscal a la hora de proceder a determinar el carácter penal o no de las denuncias presentadas por los citados agentes”
Y es que la reforma del Gobierno, viene a intentar zanjar lo que desde varias comunidades autónomas se viene haciendo de forma reiterada: dificultar el acceso de los agentes a la fiscalía y los juzgados. De hecho, algunas de ellas, como Castilla-La Mancha, amenazaba con sanciones disciplinarias a los agentes que comunicasen posibles delitos medioambientales a la fiscalía. A todo esto, hay que decir que los agentes tienen formación en aspectos jurídicos medioambientales, que en su caso podrían ser ampliadas por las propias Comunidades Autónomas.
Entonces, si los fiscales no son los que se benefician de este filtrado previo por parte de los gobiernos regionales debemos preguntarnos: ¿Quién se beneficia de que los agentes de medio ambiente no puedan denunciar lo que ellos consideren que se trata de un delito?
Es evidente que a los gobiernos regionales no quieren que algunos hechos lleguen hasta la fiscalía, y dados a pensar mal podemos pensar que tal vez en algunos de esos posibles delitos pueda estar implicada la propia administración regional, o algún alcalde de su mismo partido, o algún propietario o empresario próximo al poder. Y es que cuando falta la transparencia siempre se nos pueden pasar muchos fantasmas por la cabeza.
Así que, además de solicitar que se enmiende el texto del anteproyecto de Ley dejando claro que los agentes de medio ambiente, como cualquier otro funcionario, tiene la obligación de poner en conocimiento del juzgado o fiscal más próximo la comisión de un posible delito tendríamos que solicitar:
- A la fiscalía que analice si los servicios jurídicos, de las CCAA que prohíben a sus agentes comunicar directamente, les han enviado todas los posibles hechos constitutivos de delito. Y si no es así actuar de forma contundente.
- Establecer un registro público de todas las denuncias de los agentes de medio ambiente con el objeto de que cualquier ciudadano pueda fiscalizar la acción de la administración. Mira esta entrada en la que explico la idea.
La labor de los agentes de medio ambiente, agentes forestales y agentes rurales es muy importante y debemos apoyarla y no obstaculizarla. Este es el mensaje que debemos mandar todos los amantes de la naturaleza a nuestras administraciones.
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