Esta semana ha entrado en la recta final la tramitación del Real Decreto por el que se creará el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Un trayecto de casi cuatro años en el que ha habido grandes desencuentros entre las administraciones y las ONG y entidades científicas coordinadoras de los Libros Rojos.

Aunque parezca una verdad de Perogrullo una especie debería estar amenazada o no independientemente de los intereses de aquellos que lo determinan. El grado de amenaza es una situación intrínseca de una población en un momento concreto. Esa amenaza de extinción dependerá de una serie de factores biológicos como es su tendencia y tamaño poblacional, su área de distribución y ocupación, el número de localidades que ocupe, etc.

Bueno, esa es la teoría, en la práctica hay otros factores que lo determinan. A continuación voy a dar unos factores de corrección aplicados que hacen subir o bajar el riesgo de amenaza de una especie para una administración:

Reduce su riesgo de extinción
– Si bloquea proyectos de carreteras o industriales
– Si supone mucha inversión económica su conservación
– Si no es conocida por el público

Sube su riesgo de extinción
– Si la administración ya está invirtiendo en ella (hay que justificar lo que se hace)
– Si le gusta al técnico responsable del tema
– Si es conocida por el público

A esta locura hay que añadir que no todas las comunidades autónomas tienen los mismos intereses, por lo que no a todas les interesa que el grado de amenaza sea la misma. En efecto, auque sea el Ministerio de Medio Ambiente el garante en última instancia del Catálogo Español, es en el seno del Comité de Flora y Fauna Silvestres en el que se deciden estas cosas y este es un comité administrativo con mayoría apabullante de las comunidades autónomas.

Así que el resultado es que solo aquellas especies políticamente correctas pueden estar amenazadas.

Desde las ONG y muy particularmente desde SEO/BirdLife y WWF hemos solicitado que se cree un Comité Científico compuesto por científicos independientes de todas las comunidades autónomas que sean los que, con criterios científicos basados en los de la UICN, determinen de una forma motivada, el riesgo de extinción de las especies. De esta manera evitaríamos otros oscuros intereses en la clasificación de las especies y las arbitrariedades de los poderes públicos. Pero la realidad es que esta situación solo le interesa a las especies amenazadas y no a las comunidades autónomas, que al fin y al cabo son las que deciden en este país, así que tengo pocas esperanzas de que prospere.

En cualquier caso, podemos estar contentos ya que si fuera por las empresas constructoras y las consejerías y ministerios inversores, el riesgo de amenaza se determinaría según el beneficio económico de los proyectos.